El diputado representante de la zona, Leonardo Soto, asistió acompañado por el profesor de Derecho Ambiental y abogado asesor de su oficina parlamentaria, Juan Molina, quien realizó una presentación detallando el estado del proyecto, luego de que en el marco de su evaluación ambiental la empresa le introdujera cambios ante las observaciones realizadas por la comunidad.

Sin embargo, explicó, con esas modificaciones correspondería abrir una nueva etapa de participación ciudadana, la que fue denegada. Ante ello, y en coordinación con la ONG Fima que apoya a los vecinos, el diputado Soto anunció que presentarán un requerimiento ante la Justicia para obligar a que se abra la participación, junto con un recurso de protección buscado evitar que el proyecto reciba la Resolución de Calificación Ambiental que le permitiría comenzar las obras.

“Por primera vez este proyecto va a salir del plano administrativo y se va a discutir en un Tribunal Ambiental, donde esperamos se pueda dar un fallo pro calidad de vida de la gente, que se haga cargo de las externalidades negativas que sin dudas generaría”, destacó el legislador.

“Vamos a dar la pelea en la Justicia, porque estamos convencidos de que este Centro de Distribución va a dañar gravemente la calidad de vida de miles de vecinos y vecinas de San Bernardo, con una operación sobre 50 hectáreas con cientos de camiones entrando y saliendo 6 días de la semana durante las 24 horas del días, lo que ambiental y socialmente es insostenibles”, concluyó el diputado.