Tras la reaparición en la escena política de Pablo Longueira, el diputado socialista, Leonardo Soto, presentó una solicitud al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que «informe sobre las gestiones, avances y estado de la arista judicial del denominado caso SQM, relacionado con financiamiento irregular de la política». De acuerdo a lo que deduce el parlamentario, el ex legislador no puede votar ni ser candidato a presidir la UDI o a integrar la Constituyente.
La solicitud busca aclarar en particular la situación del ex senador y ex timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), en el marco del juicio que se realiza en su contra, y en el cual el Consejo actúa como parte querellante y acusadora.
De acuerdo a que indica el documento presentado por Soto, «en la acusación formulada en ese juicio por la Fiscalía el 25 de mayo de 2019, en contra de Pablo Longueira Montes, aparece que se solicitó que sea sancionado en calidad de autor del delito reiterado de cohecho (…), a las penas de reclusión, pena de multa y cinco años y un día de inhabilitación absoluta temporal apra cargo u oficio público en su grado medio».
En el caso específico de Longueira, puntualiza que «se configura expresamente la sanción de suspensión de derechos políticos del artículo 16 N°2 de la Constitución Política de la República. Esta norma constitucional señala que el derecho a sufragio de un ciudadano se suspense por hallarse ‘acusada por delitos que merezcan pena aflictiva'».
Por consecuencia, esta suspensión del derecho a sufragio acarrea «la suspensión del derecho a votar del ciudadano en las elecciones y plebiscitos, desde la fecha de la acusación del Ministerio Público».
Soto añade que también se generan otras suspensiones de derechos que «están asociados a la mantención del derecho a sufragio del ciudadano. Así por ejemplo, el ciudadano, queda impedido de la posibilidad de ser elegido diputado – que exige ser ciudadano con derecho a sufragio-, y también de ser elegido convencional constituyente que se regula por las mismas reglas».
Por último, el legislador socialista acusa que «en conformidad al artículo 18 de la Ley N°18.603, está suspendido también del derecho a ser militante de un partido político».
Dado lo anterior, Soto solicitó al CDE que «ordene a sus mandatarios que se realicen todas las acciones y presentaciones que correspondan ante dichos tribunales para que la sanción de suspensión del derecho a sufragio que resulta para este señor como consecuencia de esta acusación por delitos que merecen pena aflictiva, se ponga en conocimiento y se haga efectiva ante el Servicio Electoral, dando cumplimiento con ello a las leyes vigentes que así lo disponen».
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