«Es crucial el paso que ha dado el Ministerio Público para establecer una sanción severa respecto de todos los uniformados que participaron en el masivo fraude del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), pero es imperioso que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelle contra los responsables que idearon esta martingala y ese es el alto mando de la época, los ex comandante en Jefe del Ejército”, aseguró el diputado PS Leonardo Soto luego de que se diera a conocer que los ex generales Fuente-Alba y Oviedo, además de Izurieta, serán formalizados por el caso.
“Aquí hay toda una generación de generales que han secuestrado estas instituciones para tenerlas como parcelas privadas, donde toman decisiones a su antojo y viven una vida de millonarios a costa del presupuesto de la institución”, afirmó el parlamentario añadiendo que “esta defraudación no fue ideada por estos 800 uniformados subalternos o por soldados de tropa, esto fue creado por el alto mando”.
“Estamos hablando de que todos los ex comandantes en jefe del Ejército desde 2006 a la fecha están en manos de la justicia por corrupción, los generales Fuente Alba, Oviedo e Izurieta, los dos primeros ya procesados por malversación en el uso de gastos reservados. Esto es un escándalo de proporciones que merece las máximas sanciones y el repudio de toda la sociedad”, sostuvo Soto.
“Lo primero para terminar con la corrupción al interior de las FF.AA es la intervención enérgica y rotunda de la justicia, y ahí el CDE no puede estar ausente, debe exigir en representación de toda la ciudadanía las máximas sanciones para quienes mantuvieron, permitieron o autorizaron que se defraudara al fisco”, puntualizó el parlamentario, quien también emplazó al Gobierno a pronunciarse en lo que ha catalogado “el fraude más masivo conocido en la última década en el Ejército”.
DESCOMPOSICIÓN INSTITUCIONAL
“No hemos visto al Gobierno o al ministro de Defensa salir a condenar o manifestar siquiera el repudio a estas prácticas ya naturalizadas en el Ejército, donde dinero público corre libre y expedito a los bolsillos de algunos. Hay un silencio inentendible para la gravedad de los hechos, ante el que solo se puede pensar que el Gobierno quiere enfriar estos asuntos, bajarles el perfil, dilatarlos y en definitiva perpetuar la impunidad ”, recriminó Soto.
En esa línea, el diputado aseguró que “al igual que Carabineros, las FF.AA. también deben reformarse en profundidad, debe existir un proceso de saneamiento donde cambie esta cultura institucional de hacer lo que quieren con los recursos públicos y eso implica mayor control, fiscalización y transparencia. Los intereses en juego son poderosos pero no descansaremos hasta conseguirlo».
“El primer paso para limpiar estas instituciones es que vayan a la cárcel todos los uniformados responsables y particularmente los de rango superior que crearon estos mecanismos de defraudación casi invisibles para Contraloría, que en este caso buscaban ‘compensar’ a uniformados perjudicados por un fondo privado manejado por sus propios superiores”, concluyó Soto.
